En Puebla, marzo de 2026 no será recordado por la llegada de la primavera, sino por el eco brutal de una violencia que sigue arrebatando vidas de mujeres con una normalidad indignante.
Félix Johana María, Johana María Cuéllar Bentura y la niña Yeraldine Cuéllar Bentura no son solo nombres en una lista; son tres generaciones de mujeres asesinadas. Tres historias truncadas. Tres vidas que evidencian, una vez más, que la violencia feminicida en nuestro estado no es un hecho aislado, es un patrón.
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Cuando tres mujeres de una misma familia son desaparecidas y posteriormente asesinadas, el mensaje es claro, no estamos frente a un crimen común, estamos frente a la expresión más extrema de una violencia sistemática que se reproduce en los territorios, en las instituciones y en las omisiones.
Porque sí, hay que decirlo claramente, en Puebla la violencia feminicida sigue siendo una deuda del Estado.
No basta con reconocer el dolor, no basta con emitir comunicados no basta con indignarse en redes sociales. Lo que se exige, y lo que se debe, es justicia, verdad y acción. Las cifras lo confirman, pero los rostros lo humanizan; la realidad son mujeres desaparecidas, niñas asesinadas, familias destrozadas. Y, al mismo tiempo, autoridades que reaccionan tarde, que investigan sin perspectiva de género o que simplemente normalizan la violencia como parte del paisaje cotidiano.
Este triple feminicidio nos obliga a hacer preguntas, ¿dónde fallan las instituciones?; ¿dónde estuvo el Estado cuando ellas desaparecieron?; ¿quién responde cuando la violencia escala hasta arrebatar tres vidas en una misma familia?
La violencia feminicida no inicia con el asesinato. Empieza mucho antes; en la indiferencia, en la falta de prevención, en la ausencia de políticas públicas eficaces, en la impunidad que permite que los agresores actúen con la certeza de que no habrá consecuencias. Y también hay que decirlo, no estamos llegando a tiempo. La Alerta de Género, que debería ser un mecanismo de acción urgente, sigue sin traducirse en cambios estructurales visibles. Las acciones carecen de seguimiento, los resultados no son claros y las mujeres siguen siendo asesinadas.
Hoy, más que nunca, es indispensable que las autoridades asuman su responsabilidad con seriedad y sin simulaciones. Investigar con perspectiva de género no es una opción, es una obligación. Garantizar justicia no es un discurso, es un deber.
Pero también es momento de mirar hacia nosotras mismas como sociedad. La violencia feminicida se sostiene en estructuras que hemos permitido, con silencios, con indiferencia o con normalización. Romper ese ciclo implica actuar en colectivo, denunciar, acompañar, exigir.
Porque lo ocurrido en Puebla no puede convertirse en una cifra más.
Porque tres generaciones asesinadas no pueden ser un dato pasajero. Porque cuando matan a una, nos están hablando a todas.
Hoy exigimos justicia. Pero también exigimos algo más profundo; que ninguna mujer tenga que desaparecer para que el Estado reaccione.
Porque la vida de las mujeres no puede seguir siendo una deuda pendiente.