Tengo la oportunidad de colaborar en el Cabildo municipal encabezado por el alcalde Pepe Chedraui. En esta labor he podido identificar un cabildo marcado por profundas diferencias de criterio, pero también de formación. Resulta indispensable distinguir entre las decisiones sustentadas en evidencia y experiencia, y aquellas motivadas por prejuicios, ideologías partidistas o protagonismo político.
El dictamen promovido por la Dra. Georgina Ruiz, regidora presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, para crear un padrón de vigilantes comunitarios en las juntas auxiliares, representa uno de esos casos en los que la técnica, la legalidad y el compromiso social confluyen en una propuesta.
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No se trata de un acto improvisado ni de una medida populista. Se trata de una decisión respaldada por un sólido trabajo comunitario y normativo, construido desde y para la ciudadanía, con evidencia empírica sobre el valor de la prevención comunitaria, justicia social y las políticas progresistas.
Y no es casualidad que sea Georgina Ruiz quien encabece esta iniciativa. Doctora en Políticas Públicas, experta en Seguridad Pública y tiene estudios posdoctorales enfocados al análisis y evaluación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia, su perfil no responde a cuotas ni a coyunturas electorales, sino a una trayectoria sólida en el diseño y evaluación de políticas públicas. Su enfoque va más allá del discurso, porque la investigación, el análisis y el conocimiento, permiten comprender que la seguridad se coproduce, que la seguridad no comienza con el uso de la fuerza, sino con la prevención, la reconstrucción del tejido social y la corresponsabilidad ciudadana. Y eso es precisamente lo que plantea el dictamen.
La regidora sostiene su postura con claridad, sin descalificar, pero sí permite identificar una diferencia crucial en los posicionamientos: no es lo mismo opinar desde la ocurrencia y el desconocimiento de un escritorio repitiendo discursos y frases hechas, que proponer desde la experiencia técnica.
El padrón no crea una policía paralela. No otorga funciones coercitivas. No faculta a nadie a portar armas ni realizar detenciones. Reconoce lo que ya ocurre en muchos barrios y juntas auxiliares del municipio de Puebla: vecinos, mujeres y hombres, que cuidan su cuadra de manera voluntaria, sin sueldo, sin reconocimiento y sin capacitación. Lo que hace el dictamen es brindarles legitimidad, formación, mecanismos de supervisión y un marco institucional que los proteja —a ellos y a sus comunidades— del abuso, la criminalización y la informalidad.
En un país donde la violencia ha echado raíces precisamente allí donde el Estado no está presente no se puede condenar la participación ciudadana en materia de seguridad, se debe ordenarla, acompañarla y fortalecerla. Esa es la lógica detrás del dictamen. Una lógica que, por cierto, está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que colocan la “atención a las causas” y la “proximidad social” como ejes fundamentales.
Los Cabildos deben ser plurales y diversos, pero cuando esas diferencias se traducen en obstrucción sin argumentos, conviene recordar que no todos los perfiles son iguales. Quienes trabajamos en la academia, el análisis y la política pública, sabemos distinguir entre una propuesta con base técnica y una ocurrencia disfrazada de postura crítica. La propuesta de Georgina Ruiz es lo primero. Y por ello, merece ser defendida.
Es cuanto, querido lector.