En un país que ha hecho del combate a la pobreza su estandarte político, resulta paradójico —y profundamente alarmante— que se decida desaparecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
La iniciativa, ya aprobada por el Congreso, plantea transferir sus funciones al INEGI. Con el pretexto de la eficiencia administrativa, se debilita el andamiaje técnico que da sustento a las políticas públicas más sensibles: las que han sido diseñadas para los más vulnerables.
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El CONEVAL no es solo un organismo técnico. Era el único contrapeso autónomo de medición, evaluación y, en muchos casos, exhibía la distancia entre el discurso oficial y la realidad de millones de mexicanos y mexicanas, que se encuentran en situación de pobreza. A diferencia de otros entes, no producía datos por encargo ni se subordinaba a coyunturas electorales. Su credibilidad nació precisamente de su independencia. Su eliminación representa un duro golpe para la evaluación basada en evidencia.
Transferir sus funciones al INEGI parece, en el papel, una medida razonable. ¿Qué mejor institución que el gran recolector de datos del país? Pero aquí está el detalle. El INEGI no evalúa políticas públicas; las mide, las clasifica, las observa y genera datos. Y si bien es una institución técnica, responde jerárquicamente al ejecutivo, lo que provoca opacidad en la generación de información.
Programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o La Escuela es Nuestra, no podrán ser cuestionados si no existe evidencia de sus resultados comprobables. ¿Quién podrá ahora señalar si su impacto es real, si la inversión pública se traduce en movilidad social? Sin el CONEVAL perdemos una brújula crítica para orientar el gasto social con justicia.
Además, el mensaje es claro: la incomodidad de la evidencia molesta más que el costo político de ignorarla. Y si esa es la lógica, entonces gobernar sin datos no será un accidente, sino una estrategia deliberada.
Hoy, más que nunca, debemos defender el derecho ciudadano a saber si los programas sociales funcionan, si el dinero público se usa para transformar realidades y si la pobreza disminuye por acción gubernamental o solo por remesas. No se trata de burocracia, se trata de democracia informada.