El gobierno sigue buscando dónde colocar los problemas.
Si cada quien recogiera su mugrero, se acabarían los pleitos con la basura
Hoy Atlangatepec atraviesa un problema social y hasta ambiental por el proyecto de una recicladora. Hace apenas unas semanas el estado vivió otro episodio de tensión con el llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular que se pretende instalar en esa demarcación, donde la inconformidad social terminó escalando por la falta de acuerdos y por la percepción de que las decisiones se toman desde un escritorio, sin escuchar a quienes viven en las comunidades.
El gobierno sigue buscando dónde colocar los problemas, en lugar de obligar a que cada quien resuelva los que le corresponden.
Lo curioso es que ni siquiera hace falta inventar nuevas leyes. La respuesta está escrita desde hace décadas.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III, establece con toda claridad las funciones y servicios públicos que corresponden a los municipios. Entre ellos señala expresamente: "agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto".
La Constitución habla de responsabilidades municipales. No dice que la basura se convierta en un problema del municipio vecino. No establece que unos cuantos ayuntamientos tengan que recibir los residuos de todos los demás. Tampoco dice que las comunidades deban aceptar proyectos sin información suficiente ni sin consenso social.
Durante años resultó más cómodo buscar un terreno disponible que construir una verdadera política pública de manejo de residuos.
Es mucho más sencillo mandar los camiones a otro municipio que invertir en separación de basura, reciclaje, tratamiento de residuos orgánicos, aprovechamiento de materiales y reducción del volumen que termina enterrado. Sale más barato políticamente... hasta que la gente dice "ya basta".
Eso fue lo que pasó con el Polo de Desarrollo Economía Circular. Más allá de la inversión o de los beneficios que pudiera representar, el proceso terminó envuelto en inconformidades que pudieron evitarse si desde el principio hubiera existido transparencia, diálogo y respeto por las comunidades.
Hoy Atlangatepec vuelve a encender los focos amarillos.
Cuando las autoridades minimizan las preocupaciones ciudadanas, cuando las decisiones llegan primero que la información y cuando se pretende convencer en lugar de dialogar, los conflictos dejan de ser administrativos para convertirse en sociales.
Nadie gana cuando una comunidad sale a bloquear carreteras. Nadie gana cuando hay presencia policiaca. Nadie gana cuando las diferencias terminan frente a un ministerio público o en los tribunales.
Lo verdaderamente inteligente sería evitar que esos escenarios ocurran. ¿Cómo?
Haciendo cumplir la Constitución.
Que cada municipio asuma plenamente la responsabilidad que le corresponde. Que invierta en infraestructura para el manejo de sus residuos. Que fortalezca la separación desde los hogares. Que profesionalice sus servicios de limpia. Que trate su basura antes de pensar en enviarla a otro lado. Que deje de ver los residuos como un problema político y los entienda como un asunto ambiental y de salud pública.
Si eso ocurriera, probablemente Tlaxcala dejaría de vivir un conflicto distinto cada vez que aparece un nuevo proyecto relacionado con la basura.
Porque no se trata de estar en contra de una recicladora. Mucho menos de oponerse al desarrollo económico. De hecho, ambos son necesarios si se quiere construir un estado más competitivo y sustentable.
Lo que resulta difícil de entender es por qué se insiste en centralizar problemas que la propia Constitución distribuyó entre los municipios.
Cada ayuntamiento conoce mejor que nadie su territorio, su población y la cantidad de residuos que genera diariamente. También debería conocer la obligación que le impone la ley.
Y si todos hicieran su parte, el beneficio sería colectivo.
Habría menos contaminación, menos tiraderos clandestinos, menos costos de traslado, menos confrontaciones entre municipios y, sobre todo, menos conflictos que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.
Porque cuando el gobierno hace valer lo que ya está establecido en la Constitución, la política deja de ser un juego de ocurrencias y empieza a convertirse en administración pública.
A veces las soluciones más complejas empiezan con una idea bastante sencilla.
Que cada quien se haga cargo de su basura.
Y quizá entonces, por fin, Tlaxcala dejaría de convertir los residuos en un problema político, social y ambiental.