De 2013 al 2022, sólo 17 jueces… habían acudido a cursos o eventos sobre derecho ambiental. Redes Quinto Poder
Antes de iniciar, quiero manifestar que este texto se lo dedico a un gran compañero Universitario y militante comunista: A la memoria de Miguel Ángel Ruíz Sarmiento, férreo defensor del cerro de Amalucan y presidente hasta su muerte, del colectivo Matlalcueitl Alseseca
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El 29 de marzo se llevó a cabo una nueva movilización en contra de la imposición del cablebús, movilización en la que las y los participantes corearon sus clásicas consignas: ¡Armenta ecocida, que juega con nuestra vida!, ¡Parques sí, cablebús no!, ¡No es progreso, es ecocidio! ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!, gritadas a todo pulmón y dichas con rabia, coraje y alegría.
Fue una movilización festiva, alegre, jocosa. Más tardó la marcha en llegar al asta bandera en el Zócalo de la ciudad de Puebla y todavía resonaba el eco de las voces y gritos de los jóvenes, cuando empezaron a llegar vía WhatsApp, la deleznable encuesta elaborada por el CISO de la UAP y la cruzada de los medios de comunicación afines al gobierno, que empezaron a difundirla profusamente para tratar infructuosamente de justificar lo injustificable.
Me pareció una clásica estrategia sacada del manual de conflictos, muy utilizada en la Sierra Norte en contra de los pueblos opositores a la instalación de la minería a cielo abierto, hidroeléctricas, entre otros proyectos de muerte. Después de escuchar a los jóvenes que tomaron la palabra, me quedó la sensación de que los opositores al cablebús, no tienen una estrategia común y conjunta; hasta ahora no han pasado de ser un gran agregado de personas, colectivos y vecinos molesto y enojados, pero sin una estrategia común y compartida. El riesgo ante ello es que el gobierno los divida y los coopte.
Al final de la marcha pude platicar con Gustavo Juárez, actual representante del Colectivo Matlalcueitl Alseseca, quien me expresó su preocupación por lo que pueda pasarle al cerro de Amalucan con este proyecto, ya que está considerada la instalación de una estación del cablebús en el mismo.
Algunos elementos históricos, arqueológicos y ambientales del cerro de Amalucan
Algunos estudios e investigaciones nos mencionan que el sitio fue habitado por población olmeca-xicalnaga, totonaca y nahua y significa lugar que se encuentra a un lado del agua. El cerro posee un manantial de agua dulce. En los años sesenta del siglo pasado, el Dr. Melvin Melvin Fowler investigó el sitio y logró demostrar que los habitantes originarios, habían desarrollado un sistema hídrico de canales para planificar el agua. Esta investigación la publicó en la revista National Geographic con el título de Un sistema preclásico de distribución de agua en Amalucan, México.
Para los años noventa, la zona arqueológica del cerro fue invadida -nos comenta Gustavo- y en 1994, estando como gobernador del estado Manuel Bartlett, se emitió un decreto considerando al cerro Área de Reserva Ecológica, quedando bajo jurisdicción municipal.
La investigadora de la UAP, Dra. María de Lourdes Flores Lucero, menciona en su investigación Pérdida irreversible de reservas ecológicas. La ilegalidad autorizada en el Cerro de Amalucan que en 1992, se tenían registradas 227 hectáreas de las cuales 91.1 fueron fraccionadas para uso habitacional, quedando una superficie protegida de 135.9 hectáreas. 46 hectáreas están adjudicadas al municipio y 89 más pertenecían al empresario J. Petersen W.
En el 2016, el entonces gobernador Tony Gali anunció la creación de un Parque en el Cerro de Amalucan, lo que afectó más el área. En el 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia-Puebla (INAH) registró la zona arqueológica del cerro de Amalucan con la clave E14B4321003, en el Catálogo de Sitios Arqueológicos en el estado de Puebla.
Imagen comparativa del área que se ha perdido de la Reserva Ecológica Cerro de Amalucan.
De tal suerte que el cablebús puede afectar no sólo la flora y fauna de los pocos, muy pocos parques y áreas verdes de la ciudad, sino también esta área verde y zona arqueológica. ¿Acaso el juez Jorge Arroyo Martínez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en materia de Amparo en Puebla, al negar la suspensión definitiva del proyecto, tuvo ante sí el estudio técnico para proteger el sitio arqueológico y el área ecológica del cerro? negó la suspensión definitiva solicitada?
Me pregunto si ¿el juez tuvo acceso al estudio de impacto ambiental y mandó a elaborar un diagnóstico sobre el grave déficit de áreas verdes en la ciudad y el impacto que el cablebús puede tener sobre estas y sobre nuestra salud?
Lo que es aberrante, viniendo de un gobierno que se dice democrático, progresista y respetuoso del Estado de derecho, es el hecho de que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Movilidad, haya reservado por cinco años, los estudios técnicos del cablebús bajo la falacia de que su divulgación podría dañar el interés del Estado. Curiosamente esta reserva prácticamente coincide con la finalización del actual gobierno.
No solo se nos está negando el derecho a la información, sino también nuestros derechos a la consulta, a un medio ambiente sano, a la salud, en síntesis, a nuestro derecho a la justicia ambiental. No conozco hasta ahora a una sola persona que haya tenido en sus manos los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental y sobre todo, el diagnóstico social preciso, que puede tener el proyecto en las colonias y juntas auxiliares más pobres del municipio. ¿De qué gobierno y derecho hablamos?
El silencio de las y los inocentes o la política de nadar de muertito
Es notorio el silencio cómplice de la actual élite política, particularmente de las y los regidores y funcionarios del ayuntamiento de Puebla, salvo el caporal mayor, José Chedraui, quien declaró hace días que estaba de acuerdo en modificar la Carta Urbana, ya que serán estos representantes populares quienes tendrán en sus manos cambiarla y dar el permiso de cambio del uso del suelo.
Pero los que también nadan de muertito son los suspirantes a la presidencia municipal y en especial, las y los diputados locales que no han abierto la boca. Me refiero a Norma Estela Pimentel, (PVEM, Dto. 9), Jaime Natale Uranga (PVEM, Dto. 10), Xel Arianna Hernández García (PT Dto.11.) En este distrito se encuentra ubicado el cerro de Amalucan. Elvia Graciela Palomares Ramírez (Morena, Dto. 16), Fernanda de la Barreda Angón (PVEM, Dto. 17), Roberto Zataráin, Leal (Morena, dto. 19) y José Luis Figueroa Cortés (PT, dto. 20).
Me parece que es importante, sobre todo de cara al proceso electoral del próximo año, no perder de vista tanto a los partidos políticos y mucho menos a sus políticos y representantes populares, que seguramente, varios de ellos y ellas, buscaran nuevamente repetir.
Hace unos días, vecinos de la colonia Colina del Sur de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, acaban de ganar un amparo (410/2026), contra la línea 5 del cablebús. Lo interesante de este amparo, es que uno de sus argumentos centrales de los ciudadanos que los promovieron, es que buscan garantizar el derecho a la ciudad, la seguridad estructural y la participación ciudadana frente a una obra considerada de alto impacto urbano.
El repudio en contra de la instalación del cablebús, así como la lucha que se dio contra las obras inútiles y odiosas de Moreno Valle, como el tren de Cholula, la estrella de Puebla, el teleférico, arcos de seguridad, MIB, privatización del agua, entre otras, tuvieron un alto costo financiero y social que seguimos pagando las y los poblanos.
Este tipo de conflictos sociales se enmarcan, desde mi humilde opinión, en la lucha entre dos concepciones de ciudad; por una parte, el modelo neoliberal de ciudad, teniendo como ejes la privatización y mercantilización del espacio y los servicios públicos, su urbanización salvaje, gentrificación, especulación del suelo e inmobiliaria con sus zonas de apartheid social y de clase con sus exclusivas zonas residenciales y sus grandes y excluyentes centros comerciales; y por otro lado, reivindicando el Derecho a la Ciudad con su propuesta de gestión democrática, garantizando la participación ciudadana, con pleno acceso a los espacios públicos, por una movilidad urbana popular barata y ecológicamente sostenible, entre otros puntos.
Lo anterior pasa también por una lucha contra el autoritarismo gubernamental, la antidemocracia, la corrupción, la impunidad, el nepotismo, contra gobiernos poco o nada transparentes. Es lo que considero está en el fondo al rechazo a la imposición del cablebús hoy y antes, contra la privatización del agua, la recolección de la basura, el transporte público, la privatización del alumbrado público, los parquímetros, etc.
Solo me resta despedirme con el siguiente enunciado, con el propósito de que reflexionemos acerca de la ciudad que tenemos y la ciudad que queremos:
El Derecho a la Ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna
ONU-Hábitat