“Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz.” (Lucas 8:17)
Enfrentar y, principalmente, resolver los problemas de una sociedad son una de las razones de ser de cualquier Estado-nación, además de la primigenia responsabilidad de garantizar la seguridad de sus gobernados. Esto ocurre en las principales democracias modernas que gozan de estabilidad, gobernanza y confianza de su ciudadanía.
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Hay gobiernos que enfrentan los problemas. Existen otros que los reordenan hasta que parecen menos graves. La nueva metodología para contabilizar a las personas desaparecidas pertenece, sin rubor, a esta segunda categoría. En México seguimos caminando de reversa, como los cangrejos enchapopotados del Golfo de México o de América, según Donald Trump.
Esto viene a colación porque, en medio de la Semana Santa, el tema de las nuevas cifras oficiales sobre desaparecidos, presentadas el pasado viernes 27 del presente por el gobierno federal —justo cuando los mexicanos se preparaban para vacacionar y presenciar, un día después, el aburrido partido de México contra Portugal—, salen a la luz. La Presidenta tardó más de un año en hacerlo, lo que comprueba que es uno de varios asuntos incómodos en los que no sabe qué hacer, ni cómo resolver este drama nacional de 130 mil desaparecidos, que al parecer son ya un récord Guinness.
La salida acostumbrada de muchos gobiernos de trastocar la realidad, en este caso, no funciona y difícilmente lo hará. Porque los desaparecidos, de los que no contamos con alguna evidencia física sobre su paradero, en su inmaterialidad y su espíritu están más presentes que las propias canteras robustas de Palacio Nacional, ahora en modo asoleadero.
El gobierno reordenó las cifras, no para desaparecerlas como en el anterior sexenio, sino para reclasificarlas y que luzcan menos graves. Porque no se trata de que haya menos desaparecidos. Se trata de que ahora están mejor clasificados: un magro avance.
El dato bruto —más de 110 mil personas desaparecidas, según sus cifras— resulta incómodo. Demasiado voluminoso, muy presente y complicado de explicar. Así que hubo que “tunearlo”.
El resultado de esta cirugía: alrededor de 43 mil casos “sin rastro de actividad”, convertidos en la nueva cifra oficial. El resto se distribuye con retórica burocrática rebuscada y confusa: más de 30 mil “localizados”, cerca de 40 mil con “actividad posterior” y otros tantos en el limbo técnico de la verificación.
Una cosmética que no aclaró mucho y que confundió aún más a los mexicanos. Una solución política evasiva, que trata de modificar discursivamente una realidad que permanece intacta.
Porque, mientras las cifras se acomodan al gusto, el dato más terco y doloroso sigue ahí: entre 70 y 80 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses y funerarias, con tan solo 30 mil carpetas abiertas por el Ministerio Público —sin clasificación— y 40 mil sin abrirse, aunque por ley deberían “aperturarse” de oficio —según denominación de abogados—. Si ahí están inmóviles los cuerpos, ¿por qué no se han levantado esas 70 mil carpetas?
Más cuerpos que desaparecidos reconocidos evidencian el colapso del sistema de procuración de justicia y de atención a este grave problema. Ahí es donde la metodología deja de ser técnica y precisa y se vuelve insostenible.
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.” (Mateo 5:4)
Pero el problema no es solo de números. Es de contraste. Mientras el Estado reclasifica, algunas buscadoras encuentran a sus familiares. No en bases de datos, sino en fosas. No en reportes, sino en tierra árida. Ellas producen certezas: huesos, prendas, restos. Ellas no depuran: descubren lo que siempre temieron encontrar.
Siguen luchando para que el mundo entero conozca esta cruel realidad en medio de una fiesta futbolera, en un emblemático y reinaugurado Estadio Azteca abarrotado para presenciar el encuentro señalado. Entre retrasos, pancartas y gritos homófobos —que nos retratan fielmente—, las buscadoras nos recordaron que hay otro marcador que no es un cero a cero que corre en paralelo: el de las personas que nos faltan.
El momento tampoco es casual. Anunciar estas cifras en vísperas de Semana Santa tiene una carga simbólica inquietante: un país en viacrucis permanente, donde las familias cargan fotografías en lugar de cruces y recorren fiscalías en lugar de templos. Aquí no hay milagro.
“¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?” (Lucas 24:5)
El gobierno dirá que corrige errores, que depura registros, que ordena el caos anterior. Y algo de eso es cierto. Pero también lo es que ordenar datos no es resolver. Y que depurar no es encontrar.
El riesgo no es menor: construir la ilusión de control a partir del maquillaje estadístico. No se miente, pero tampoco se reconoce la verdad completa, por más dura y cruda que esta sea. Ajustar lo suficiente para que la magnitud deje de escandalizar.
Los desaparecidos siguen desaparecidos. No están “reclasificados”, no están “en proceso” y no están “con actividad posterior”. Están ausentes y mucho menos resucitados. Están —para incomodidad de cualquier narrativa— más presentes que nunca.
Sin embargo, aquí la pregunta es otra: ¿por qué seguimos buscando entre cifras lo que debería encontrarse entre personas?
Posdata. Para echarle más limón a la herida, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, le echó una manita a la narrativa desaparicionista. Suprimió de parabuses y bardas los carteles que colocaron las madres buscadoras, previo al partido, en las inmediaciones del estadio, solo para no afectar la reputación mundialista.