INE frena imposición de Fernando Rodrigo, ya no será magistrado por sus pésimas calificaciones

El intento por imponer a Fernando Rodrigo López Torres en una magistratura fue frenado en seco por el Instituto Nacional Electoral (INE), que anuló su designación por no cumplir con el promedio mínimo requerido en la carrera de Derecho, exhibiendo una vez más el uso político y arbitrario de cargos que deberían estar reservados a perfiles con verdadera preparación académica.

En una resolución firme, el INE revocó 33 nombramientos de aspirantes a magistraturas electorales tras detectar que varios de ellos —incluido López Torres— no acreditaron el promedio mínimo de 8 en Derecho o de 9 en especialidades jurídicas, como exige la normativa vigente. El caso de Tlaxcala resalta especialmente por lo que representa: la postulación de un perfil sin méritos, pero con vínculos políticos.

Más allá de la sanción individual, el episodio revela una falla estructural en el proceso de selección de autoridades electorales: el reciclaje de personajes sin la formación adecuada pero impulsados por cuotas de poder, favoritismos o compromisos partidistas. La nominación de López Torres se suma a una larga lista de casos en los que la lealtad política pesa más que el mérito académico o la experiencia judicial.

El intento por colocar a Fernando Rodrigo López Torres, pese a no cumplir los requisitos mínimos de excelencia académica, deja en entredicho el papel de quienes integran las ternas y defienden estas postulaciones, y refleja la falta de filtros serios para evitar que se repita este tipo de simulación institucional.

La decisión del INE, aunque acertada, llega después de una exposición pública que daña la credibilidad del proceso y la imagen de Tlaxcala, donde esta postulación se percibe como otro intento más de manipular espacios de poder con personas que no reúnen ni el perfil ni la preparación necesaria para garantizar la justicia electoral.

Con este fallo, el INE reafirma su compromiso con la legalidad, pero también lanza una advertencia a quienes insisten en colocar a perfiles sin preparación en órganos fundamentales del Estado: los cargos públicos no son premio político, son una responsabilidad constitucional.